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Gestión de inmovilizado. Del cumplimiento normativo, al aprovechamiento de la información

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“¿Por qué quedarse en la superficie, cuando lo mejor está en el fondo?”

Las empresas disponen de diversas formas de efectuar una amortización de inmovilizado, reflejados en el Plan General Contable: método lineal o de cuota fija, método de tanto fijo sobre base decreciente, fórmula degresiva, etc. La amortización es una de las partes de la autofinanciación de la empresa o financiación interna, ya que se tratan de recursos financieros que provienen de la misma empresa. La amortización es la imputación de la depreciación al coste de la producción industrial y llamamos fondo de amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que sufren ciertos elementos patrimoniales.

En cualquier caso, es interesante que la empresa sepa determinadas reglas del juego. A saber: dependiendo del procedimiento que se elija, la velocidad con la que se produce la amortización varía sustancialmente; y, además de los procedimientos habituales, se pueden definir planes de amortización específicos y ajustados a las características particulares de cada empresa y de cada activo. No obstante, estos planes deben ajustarse al marco legislativo aprobado por el Ministerio de Hacienda.

 

Hay que cambiar el foco

Desde el punto de vista de la gestión del inmovilizado hay que cambiar el foco y entender ésta no sólo como una obligación normativa, sino como una tarea de la que se puede extraer información de gran valor y como una herramienta para el aprovechamiento óptimo del activo.

Lo ideal es hacer una gestión dinámica de los inmovilizados, una gestión que permita dar un paso más, obviamente, dentro del cumplimiento de la normativa legal. Por lo tanto, disponer de información patrimonial y de información fiscal, permitirá a las empresas, por un lado, presentar un estado de su contabilidad que refleje su situación real y, por otro, ayudar a cumplir la legislación.

En la gestión del inmovilizado, el aspecto fiscal desempeña un papel estratégico. La amortización propiamente dicha, supone cargar a la organización con más o menos gastos, durante el ejercicio y las decisiones que se tomen en este sentido, afectarán a los resultados finales y, seguramente también, al Impuesto de Sociedades.

La Ley establece que cada activo se debe amortizar en el número de años que se estima que tendrá de vida útil. Pero, puesto que la amortización representa un gasto en la tabla contable de la organización, hay que evitar que éstos se contabilicen de manera excesiva, por lo que la legislación fiscal determina un número de años mínimo y máximo para proceder a su amortización. Si se procede a realizar la inversión del activo en ese intervalo de tiempo, será más fácil ajustar los valores y reducir lo máximo posible el beneficio a declarar en el Impuesto de Sociedades, siempre, claro está, dentro de los límites estipulados por la normativa.

La posibilidad de hacer simulaciones para buscar la mejor fórmula posible para amortizar, dentro de las tablas legales y siguiendo un modelo de amortizaciones conservadoras, permite dar ese paso más allá que decimos y conocer todos los detalles que afectan a los activos de la empresa y así, analizar el porcentaje de amortización ideal para cada activo, en un determinado año, en función del beneficio previsto.

 

… Y patrimoniales

Sin ninguna duda, la contabilidad de las empresas debe reflejar la imagen real de su situación. Y para conseguirlo, la gestión óptima del inmovilizado, es un elemento, sustancial.

La gestión de los activos fijos desde una óptica meramente fiscal, no es suficiente para sacar esa “foto” de situación. Ahí va un ejemplo para ilustrar lo que digo: una empresa amortiza una serie de equipos informáticos, ya sean éstos, ordenadores, PDA, tablet o iPad a razón del 25% anual, durante 4 años, aún sabiendo que durante el primer año de uso, seguramente cada uno de esos equipos que adquirió habrá perdido más de la mitad de su valor inicial.

Este desajuste entre el valor fiscal y real de los inmovilizados hace necesario el establecimiento de una doble gestión de los activos fijos. Por un lado una gestión fiscal y, por otro, una gestión patrimonial. Lo ideal es que ambas se realicen de manera independiente y que la empresa pueda con ello, por un lado, ofrecer su “verdadera cara” y, por otro, cumplir con los requerimientos legales.

Pero además, este doble control facilitará a aquellos que toman las decisiones sobre este asunto, toda suerte de informes con datos relacionados con el inmovilizado: lo adquirido durante el ejercicio, los bienes totalmente amortizados pero que aún están en uso, la diferencia entre el valor patrimonial y el valor fiscal, los activos que se han dado de baja y los motivos, etc.  Esta información, que dicho sea de paso, se exige de manera habitual en auditorías ya sean voluntarias o de control, son muy difíciles de obtener si la gestión de los inmovilizados en la empresa no está debidamente procedimentada y automatizada.

Datisa

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