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Dudas y más dudas sobre la Factura Electrónica

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“¿Tan difícil es hacer las cosas fáciles? ¿Qué extraño gusto encuentran las administraciones en complicar el proceso de modernización que, además de imparable, es necesario?”

Es como el cuento del lobo. Que viene, que viene, y cuando llegó, nos pilló a todos con el pie cambiado. Desde el pasado 15 de enero, todas las empresas que proveen productos o servicios a la Administración Pública, están obligadas a emitir sus facturas en formato electrónico, y más concretamente, en el formato propuesto por la propia Administración, Facturae.

La norma no debía pillarnos por sorpresa pues desde hace varios meses, venimos alertando a las empresas de la necesidad de adaptar sus procesos para poder cumplir con garantías con esta nueva propuesta. Sin embargo y, a pesar del tiempo transcurrido y de las muchas sesiones formativas que se han impartido y de la multitud de informaciones que se han publicado al respecto, una vez más, las dudas están acompañando la puesta en marcha definitiva de la factura electrónica en este segmento de empresas que proveen a la Administración. Y, estas dudas, provocan malestar, inquietud e inseguridad en no pocas organizaciones.

Esto es así, entre otras cosas, porque la entrada en vigor de la factura electrónica, anunciada desde hace tiempo, incluye muchos y variados matices que la Administración Pública no ha conseguido transmitir de manera eficiente. Otra cuestión adicional, que complica, y mucho, la entrada en escena de la factura electrónica es que la Ley deja en manos de las propias administraciones una serie de decisiones trascendentales como qué hacer con las facturas que están por debajo de los 5.000 euros.

 

El proveedor de la Administración no lo tiene nada fácil

La Administración General del Estado se ha visto obligada a publicar, con carácter de urgencia, una aclaración que es básica: la norma sólo afecta a las facturas quedando exentos el resto de documentos justificativos de gastos u obligaciones. Y, esa comunicación concluye diciendo que la normativa afecta a todas las facturas que se emitan a partir del 15 de enero de 2015, con independencia de la fecha de los contratos o relaciones jurídicas heredadas. Si no se emiten las facturas en formato electrónico no se contabilizará su pago.

Seres, uno de los grandes operadores globales de factura electrónica afirma que “no existe una fuente donde se informe, oficialmente y de manera clara y precisa, de todos los puntos de entrada operativos, lo que supone una dificultad añadida para las empresas. Esta información resulta especialmente crítica para los proveedores que trabajen con las administraciones locales”

En paralelo la misma fuente dice que la solución gratuita que ofrece el Ministerio para la emisión de Facturae no permite una gestión automática y ágil de las facturas y está presentando problemas de conexión con FACe, además de ser limitada puesto que no conecta con los otros puntos de entrada de la administración autonómica y local que ya están funcionando.

Y para colmo, algunas administraciones están pidiendo campos adicionales. Así que el proveedor de la Administración, no lo tiene nada fácil por lo que muchas empresas que se enteran de que lo están haciendo mal, cuando les son rechazadas las facturas o se espabilan, o no cobran.

Esa falta de criterio lógico, de imprimir sencillez a las cosas, es otro generador de dudas. Parece que, cuanto más difícil lo pongamos, más importante será el cambio y mejor responderán las empresas. ¡Pobres Pymes! ¿Es que acaso nadie se da cuenta de que su propia naturaleza empresarial ya les exige ímprobos esfuerzos para ser competitivas?

Datisa

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