Factura Electrónica, año I

“El hecho de saber que algo va a llegar, no implica el conocimiento necesario para afrontarlo, pero ayuda a abonar el terreno, sobre el que aprender a aprovecharlo”

Desde la semana pasada, concretamente desde el día 15 de enero, la factura electrónica ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación legal para todos los proveedores de la Administración Pública. Esto es así, tras la entrada en vigor de la Ley 25/2013 que, aunque ya es bien conocida, no está de más recordar que establece que todas las empresas que trabajen con el sector público, con independencia de su tamaño, deberán digitalizar sus documentos con valor tributario. La Administración Pública Española ha determinado que sea Facturae 3.2 la norma que deberán utilizar esos documentos.

Esta normativa de facturación, anunciada hace más de un año, se pone en funcionamiento para evitar –según la Administración- el fraude (debido al mayor control) y la morosidad, a la par que para mejorar la gestión.

El mismo día que se hacía “oficial” la obligatoriedad de la factura electrónica, el diario económico online, Economía Digital, publicaba un artículo refiriéndose a la falta de implicación pública en la materia, asegurando que los distintos niveles de la Administración (Central, Autonómica y Local) no van al mismo ritmo. La periodista ponía el acento en que cada una de ellas tiene la “libertad” suficiente para crear sus propias versiones del portal que deberán habilitar para la entrada de las facturas electrónicas. Esto impide replicar y aprovechar los sistemas.

Dicho de otro modo: Aunque la Administración General del Estado propone a sus proveedores el portal FACe como punto de entrada común de las facturas electrónicas, con todas las ventajas que ello implica, es decir, ventanilla única para la presentación y consulta, formato unificado, codificación unificada de unidades, etc. lo cierto es que también se deja libertad para que los distintos niveles de la administración puedan proponer sus portales de recepción y gestión de factura electrónica.

¿Por qué no determinar un modelo único y ahorrar costes? Pues es la eterna pregunta de siempre. Hecho así, tenemos más complicaciones, de todo tipo, informativas, operacionales, de conectividad,… un sobre esfuerzo que, como pone de manifiesto el artículo, también implica un sobre coste económico.

Mucha información, al final se convierte en desinformación

Ha sido uno de los temas estrellas en 2014. Desde que se anunciara, a veces casi se podría decir desde que se “amenazara” (dicho, en sentido figurado, claro) con implantar la factura electrónica, todos hemos escrito y debatido y discutido sobre lo humano y lo divino de la efactura. Y tan es así, que se podría decir, que es imposible que surjan dudas al respecto. Pero lo cierto es que, cuanta más información se publica sobre un determinado tema, a veces, y sólo a veces, más confusión se genera.

En nuestro caso, que apostamos siempre por la sencillez de las cosas, incluido el uso de los aplicativos de gestión más avanzados, queremos transmitir seguridad y confianza. Aquellas empresas que hayan actualizado sus ERP no tendrán de qué preocuparse por la “vida y obra” de la factura electrónica. En el caso concreto de DATISA, desde hace varios años, dispone de una solución de facturación electrónica avanzada. Se trata de un aplicativo, recientemente actualizado, para incorporar las últimas novedades legislativas al respecto. A través de esta solución, las empresas pueden facturar de manera “tradicional” con su sistema de gestión empresarial y será éste, el que simultáneamente envíe de manera automática el documento a la dirección de correo electrónico del destinatario, convertido ya en efactura. Más fácil, imposible.